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La Guerra Civil en Benalup de Sidonia. La victoria. La justicia militar. Y 2

En la mayoría de los casos cuando el imputado había pertenecido al ejército republicano se le acusa de adhesión y si no había pertenecido al ejército, trabajando en el campo en la zona republicana se le imputaba el de auxilio a la rebelión, pero eso no era siempre así como ocurrió en el caso de Francisco Gutiérrez Rodríguez, Curroestaca, José Ríos López o Manuel Sánchez Olivencia que los acusaron de auxilio habiendo participado en el ejército republicano o el caso contrario que también se dio. Pero este tema nos deriva a la maquinaria judicial franquista en estos juicios. La represión franquista tuvo dos formas que se fueron sustituyendo en el tiempo. Al principio “los paseillos” casi siempre previa autorización oral o telefónica de la autoridad militar. En Casas Viejas esta modalidad solo afectó a Francisco Fernández Guerra de la Vega, pese a que la familia utilizó todas sus influencias, que eran muchas, para evitar el fatídico fin. En una segunda etapa lo habitual ya era el uso de la Justicia Militar, práctica nacida al amparo de la Orden del  Ejército del Sur del 3 de marzo de 1937, que obligaba a utilizar el uso de la Justicia Militar. En esta orden se instaba a que todos los arrestados fueran puestos a disposición de las autoridades militares. Este tipo de conducta militar del primer franquismo se mantuvo hasta el 17 de julio de 1945 en el que una nueva ley establecía un nuevo código. Después de trabajar  los cuarenta y cinco  sumarios que han llegado a mi poder de benalupenses  uno saca la conclusión de que no escatimaban esfuerzos en comprobar cualquier dato, por ejemplo las decenas de oficios para comprobar si el segundo apellido de Juan Pérez era Franco o Blanco o los careos para comprobar las versiones distintas sobre un mismo hecho como en el caso de los Alcántara y Francisco Gutiérrez  Rodríguez, Curroestaca. Además que prima el criterio general, frente a rencillas o episodios muy concretos locales. Pero también que dependiendo de las circunstancias y el momento se tomaba una decisión judicial u otra, como ya hemos visto en el caso de los que volvieron en el 37 o en el 39. O la consideración de auxilio o adhesión a la rebelión. Y luego está la mayor. Se les acusa a unos campesinos de rebelión, cuando los que se habían rebelado contra la legitimidad establecida (el gobierno de la Segunda República había salido del proceso electoral de febrero del 36) eran lo que estaban acusando a los otros de rebeldes. Es la justicia al revés. Es decir, fueron juzgados por ser supuestamente rebeldes, cuando los rebeldes eran las autoridades que los estaban acusando de lo que precisamente habían hecho ellos, ya que el poder se había tomado a través de la fuerza, no de un proceso electoral. Serrano Suñer lo estableció pronto; eran “rebeldes en armas aquellos que se oponían al Alzamiento Militar y defendían al gobierno del Frente Popular”. Pero para frases directas y profundas nadie mejor que José Suárez Orellana refiriéndose a la madrugada en un campo de concentración : “Cuando salió el sol, parecía haber perdido su resplandor cotidiano, parecía sentir aquella tragedia de aquellos hombres que no habían hecho otro delito que haber defendido al gobierno republicano, que el pueblo se había dado en defensa de sus libertades…”. Hay una tendencia, yo creo que en el fondo defensiva, de querer relativizar todo lo relacionado con la Guerra Civil. En los dos bandos se cometieron atrocidades, en los dos bandos triunfo la irracionalidad y la injusticia. Cierto, pero ese relativismo político y moral no nos debe hacer olvidar que unos, los que ganaron desplazaron mediante un golpe de estado del poder a los que perdieron. Y que esos vencedores y perdedores prolongaron su situación por más de cuarenta años.

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